La nueva ley catalana que legitimiza la ocupación ilegal
La Generalitat de Cataluña ha recuperado el plan de Vivienda que presentó en 2021, donde se estipulaba que los grandes propietarios estarían obligados a ofrecer un alquiler social para aquellas personas vulnerables, aún si residen en la vivienda de forma ilegal.
La Generalitat de Cataluña ha recuperado el plan de Vivienda que presentó en 2021 después de que el Tribunal Constitucional se posicionase en contra del decreto ley del año pasado. En esta normativa, se estipulaba que los grandes propietarios estarían obligados a ofrecer un alquiler social para aquellas personas vulnerables, aún si residen en la vivienda de forma ilegal.
Esto causó que el sector reaccionase, argumentando que esta medida era una legitimización de la okupación. El Partido Popular llegó a presentar un recurso ante el Constitucional que finalmente, concluyó que la normativa planteada requería de un rango de ley mayor.
Debido a ello, el Gobierno catalán ha readaptado el decreto en formato ley para cumplir con los obstáculos impuestos por el Tribunal.
El Consejo de Garantías Estatutarias declaró la normativa como inconstitucional, basándose en que los derechos de los propietarios no se garantizaban por no asegurar que podrán recuperar sus propiedades sin ningún contratiempo.
A estos argumentos se sumó el TC, que añadió que la normativa carece de racionalidad y vulnera tales derechos de los propietarios.
A parte de la obligatoriedad del alquiler social, el concepto de gran tenedor se modifica, considerando a aquellas personas físicas con 15 inmuebles y jurídicas con más de 10 (antes de 15) como grandes propietarios.
El sector inmobiliario teme que estas medidas provoquen que los números de ocupaciones ilegales se incrementen en gran medida, mientras que las inversiones realizadas en Cataluña se reduzcan.
En suma, los inversores y propietarios consideran que la normativa provoca una anomalía en la legislación europea, debida a que no se protegen los derechos de los propietarios, incrementándose la inseguridad jurídica a la hora de arrendar.
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